Un total de 838 artículos fueron retirados hoy por efectivos de la Policía en un operativo de control de artículos de dudosa procedencia que realizó en forma conjunta el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Servicio de Rentas Internas, GOE, Policía Nacional y Municipio del Distrito Metropolitano en el Centro Comercial del Ahorro “Montúfar”, ubicado en el Centro de Quito.

El objetivo del trabajo interinstitucional es dar seguridad a la ciudadanía y que no se vendan artículos de dudosa procedencia en las diferentes ciudades del país. “No más impunidad”, manifestó el Presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez, en rueda de prensa con la presencia de representantes de las mencionadas instituciones.

Entre los objetos retirados constan 580 celulares, 8 filmadoras, 35 tarjetas de memoria, 15 mascarillas de radios, 9 radios, 18 cámaras de fotos, 28 juegos de video, 1 impresora, 8 Ipod, 96 cargadores de teléfono, 5 MP4, 8 DVD, 21 parlantes y 4 modem.

130 oficiales de Policía, 346 de diferentes ramas y 12 mujeres, acompañados de 14 canes, participaron en el operativo según informó el Comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Juan Carlos Rueda.

El operativo consiste en retirar la mercadería que los comerciantes no puedan justificar su procedencia con facturas originales de compra. La mercadería no será devuelta mientras no se justifique su procedencia, al contrario de lo que sucedía hasta ahora que era devuelta de inmediato.

El personal del Servicio de Rentas Internas verificará la legitimidad de las facturas originales de los productos que se exhiben para la venta.

Los artículos retirados del mercado se mantendrán bajo custodia de la Policía Judicial hasta que se presenten los justificativos.

Los operativos serán coordinados por un Juez de Contravenciones, recientemente posesionado. Los jueces de Contravenciones asumieron competencias que antes tenían los comisarios indicó el Vocal del Consejo de la Judicatura, Fernando Yávar.

El artículo 622 del Código Penal señala que siempre que llegare a conocimiento del Intendente u otra de las autoridades de Policía que se trate de cometer, o que se está perpetrando un delito o contravención, tomarán las medidas adecuadas y oportunas para impedir la realización del hecho penal, o su continuación, aún valiéndose de la fuerza; sujetándose siempre a las disposiciones correspondientes del Código de Procedimiento Penal.

Antes, las autoridades enmarcaban este problema como delito tipificado en el artículo 569 del Código Penal que determina que quienes hubieren “ocultado, en todo o en parte, las cosas robadas, hurtadas u obtenidas mediante un delito, para aprovecharse de ellas, serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años”.

Este artículo, en su parte final, fue declarado inconstitucional con lo cual no se conseguían sentencias y las autoridades se veían obligadas a devolver los objetos incautados por medio de declaraciones juramentadas, entre otros documentos. Eso no pasará nunca más, señaló el Vocal Yávar.

La Vocal Tania Arias hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades en los controles y, en especial, para que no adquiera objetos de procedencia ilegal.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN