En la reunión, el doctor Terán explicó que desde febrero de 2023, la Función Judicial es objeto de ataques sistemáticos y generalizados. Citó como ejemplo, las amenazas de bomba registradas contra unidades judiciales de Pichincha, Manabí, Imbabura, Los Ríos y Guayas; el incendio ocurrido en la Unidad Judicial Civil de Esmeraldas; y, el asesinato de una persona privada de la libertad en el Complejo Judicial de Santo Domingo.

También recordó el ataque contra un juez de Manabí; la muerte violenta de un fiscal de Durán; y, la detonación de un artefacto explosivo en la Unidad Judicial Penal de Portoviejo que dejó a tres personas heridas, entre ellas a una adolescente de 14 años.

“Son eventos que no pueden ser analizados de manera aislada”, señaló el doctor Terán quien explicó que el CJ trabaja en un protocolo de protección a la integridad física y vida de las y los servidores judiciales.

El Presidente de la CNJ, Iván Saquicela, destacó la importancia de mantener este espacio de coordinación. Señaló que es necesario contar con acciones articuladas para detener los ataques contra jueces, fiscales y otros servidores judiciales. Agregó que este tipo de hechos promueven la inseguridad jurídica y el avance del crimen organizado.

Pronunciamiento similar tuvo Alberto Montenegro, representante de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces quien reconoció la preocupación que tiene el Consejo de la Judicatura “para proteger a los ciudadanos y a los jueces de esta realidad que estamos experimentando”.

Tras la reunión, se llegó a varios acuerdos, entre ellos: solicitar que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado se trate, como punto prioritario, la situación de seguridad de las y los servidores judiciales. Asimismo, se acordó impulsar la aprobación inmediata, por parte del Pleno del CJ, del “Protocolo de Protección a la Integridad Física y Vida de las y los servidores de la Función Judicial”.

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